17 de noviembre de 2009

Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (2009-actualidad)

Cristina Fernández de Kirchner


El 10 de diciembre de 2007 asumió la presidencia Cristina Fernández, que en los primeros días de su mandato continuó los lineamientos generales del gobierno de su esposo. De ese modo, una mujer resultó elegida Presidenta de la Nación por primera vez en la historia argentina.


En los inicios de la gestión de Cristina Fernández se estableció un aumento de 20% de las tarifas mínimas de colectivos, trenes y subtes, el cual entró en vigor en enero de 2008.

Dichas tarifas se encontraban con precios congelados desde el año 2001, y desde entonces el estado compensaba con subsidios los costos operativos y de sueldos que las empresas no podían pagar. Inicialmente se previó que el aumento de tarifas permitiría bajar los subsidios (que a fines de 2007 equivalen a $2.700 millones), pero dado que el aumento no compensaría las deudas se estudia también un nuevo aumento de los mismos. El Defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, manifestó que dicho aumento "es un premio a la ineficiencia". A los pocos días de haber asumido el mandato, el FBI arrestó a cuatro supuestos agentes venezolanos en Florida, relacionados con el escándalo del maletín, que habrían estado intentando chantajear a Antonini Wilson, protagonista del escándalo, para que mantuviera silencio.

Según el FBI, el gobierno venezolano habría apoyado monetariamente la campaña presidencial de Cristina Fernández y los 800 mil dólares incautados a Antonini Wilson solamente serían uno de varios montos entregados.

La presidenta argentina calificó las acusaciones federales estadounidenses como "operación basura". Dicho escándalo deterioró sorpresivamente las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Argentina, las cuales comenzaron a recomponerse a principios de febrero del 2008 tras una reunión de la presidenta con el embajador Anthony Wayne.


El alejamiento del obispo castrense Antonio Baseotto, ocurrido durante el gobierno de Néstor Kirchner y aún no reemplazado, tuvo repercusiones en la relación argentina durante el gobierno de la Fernández con el Vaticano. El embajador ante el Vaticano que se quiso promover, Alberto Iribarne, no fue apobado por la Santa Sede. Se adujo que no se lo aceptaría por ser divorciado, a lo cual Jorge Taiana respondió formulando un listado de embajadores ante el Vaticano que fueron aceptados a pesar de encontrarse en una condición idéntica, entre ellos los de México, Cuba y Suiza.

El día 12 de marzo del 2008, productores agropecuarios interrumpieron la libre circulación en distintos puntos del país. Los mismos reclamaban que el gobierno disminuyera los gravámenes que se aplicaban a sus productos (entre 43 y 49% para las exportaciones de soja, entre 37 y 45 % para el de girasol, y 25% para maíz y trigo). El paro duró hasta el 18 de julio después de que se votará en contra de las retenciones. Durante ese periodo no hubo entrada de alimento ni exportación ni importación
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Política económica

Ciencia y tecnología

Una de las primeras medidas adoptadas por la presidenta Fernández fue la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, designando a su cargo a Lino Barañao, un reconocido biólogo molecular. La medida se complementó con el anuncio de creación de un polo científico-tecnológico en Buenos Aires, integrado por tres institutos: Ciencias Sociales y Humanas, Ciencias Biomédicas y Biotecnológicas y Ciencias Exactas y Tecnológicas.
Plan energético

Los problemas de abastecimiento de energía en las postrimerías del año 2007 llevó a cabo un plan de ahorro de energía. El plan se propuso reemplazar las bombitas incandescentes por lamparitas de bajo consumo, y-por sanción del Congreso- se dispuso el atraso de 60 minutos de la hora oficial a partir del 30 de diciembre de ese mismo año, cambio que perduró hasta el día 16 de marzo de 2008. Como consecuencia se vieron descendidos los consumos de energía eléctrica, principalmente en las horas pico. Hasta 2008 el plan de reemplazo de lamparitas de bajo consumo se había cumplido parcialmente.


Inflación

Cristina Fernández de Kirchner asumió su gobierno con problemas de inflación y una crisis institucional en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), cuestionado por la verosimilitud de sus índices de costo de vida desde la intervención del organismo llevada a cabo por el Secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno a partir de enero de 2007, que algunos estudios privados han ubicado en más del doble de la inflación oficial. El índice sirve para determinar el monto que el gobierno ha decidido pagar en concepto de intereses de la denominada "deuda externa", en función del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

Algunos observadores y dirigentes políticos han sostenido que tanto el gobierno argentino, como grupos económicos privados acreedores de títulos de la deuda externa, pujan por influir en la forma en que se calculan los índices en el INDEC, con el fin de reducir la deuda externa en el caso del gobierno, y de aumentarla en el caso de los acreedores. Por otro lado, existen investigaciones y fallos judiciales que determinaron el carácter ilegítimo y fraudulento de una gran parte de la llamada "deuda externa".

El ministro de Economía Martín Lousteau presentó un plan para combatir la creciente inflación, reduciendo el crecimiento económico («enfriando» la economía), recurso que fue expresamente rechazado por el ex presidente Kirchner. El gobierno sostiene que la inflación no está causada por el alto nivel de crecimiento económico, y que un enfriamento de la economía, con las altas tasas de endeudamiento y pobreza que aún registra el país, tendrían un costo social mayor que el mismo descenso de la inflación.

En la segunda mitad del 2008, la tasa de inflación real bajó, ubicándose en el 0,4% mensual (según el INDEC) y alrededor del 0.7% para diversos estudios privados.

Sin embargo, en el transcurso del primer semestre de 2009, los datos oficiales se han despegado de las mediciones privadas, llegando estas últimas a estimar la tasa interanual en un triple de las difundidas por el INDEC, mismas que la sitúan en un 5,7% contra más de un 15% para la virtual totalidad de las consultoras especializadas.

Cambios en las retenciones a la exportación y el paro agropecuario


Artículo principal: Paro agropecuario patronal en Argentina de 2008

El 11 de marzo de 2008, en un contexto de fuerte aumento nacional e internacional del precio de los alimentos, influenciados por los movimientos especulativos en los mercados de commodities de los Estados Unidos en los momentos previos a la decalración abierta de la crisis económica de 2008-2009, el ministro de Economía, Martín Lousteau, anunció un nuevo sistema de retenciones móviles a las exportaciones de cuatro productos y sus derivados: soja, girasol, maíz y trigo.

La medida tenía como objetivo atenuar las oscilaciones bruscas de los precios internacionales, combatir la llamada «sojización» del campo argentino y preservar la «política de dólar alto». Adicionalmente se anunciaron incentivos para la industria lechera y una mesa de negociación para el sector de la carne bovina.
La medida significó, en lo inmediato, un incrementó de la tasa de retención sobre la soja y el girasol, reduciéndose levemente las correspondientes al maíz y al trigo. La Resolución 125 fue rechazada de plano por las cuatro organizaciones que reúnen al sector empleador de la producción agro-ganadera en la Argentina, las que, a partir del 13 de marzo, declararon un paro con bloqueos de rutas, que se extendería durante 129 días.
El conflicto se agravó el 25 de marzo, cuando las organizaciones agroganaderas decidieron que el paro fuera «por tiempo indeterminado», hasta que el gobierno dejara sin efecto el incremento dispuesto, frente a lo cual la presidenta Cristina Fernández declaró que no negociaría hasta que el lock out fuera levantado. El paro afectó el comercio nacional e internacional, principalmente de alimentos y el abastecimiento de las ciudades.

El agravamiento del conflicto llevó a que miles de manifestantes en todo el país salieran a las calles tanto para oponerse como para apoyar las medidas del gobierno. En el curso de las manifestaciones se produjeron enfrentamientos entre partidarios de ambas posiciones. Durante el conflicto se produjo la renuncia del ministro de Economía Martín Lousteau, autor de las medidas cuestionadas.
El 17 de junio la presidenta Fernández envió al Congreso un proyecto de ley sobre las retenciones a las exportaciones de granos y las compensaciones a los pequeños productores, con el fin de que sea el Poder Legislativo el que resuelva en definitiva la situación. En la madrugada del 17 de julio, la Cámara de Senadores, en una votación que debió ser desempatada por el Vicepresidente de la Nación, rechazó el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, que había sido previamente aprobado con modificaciones por la Cámara de Diputados. El 18 de julio la presidenta de la Nación ordenó dejar sin efecto la Resolución 125/08, luego de lo cual uno de los dirigentes ruralistas dio por terminado el conflicto.


Situación del Vicepresidente

El voto de desempate del vicepresidente Julio Cobos en contra del proyecto de retenciones a las exportaciones agropecuarias de la presidenta, que causó el rechazo del mismo por el Congreso, llevó a una ruptura entre ambos y a un realineamiento político de un sector de los llamados radicales K, liderado por el primero, que se ubicó en la oposición, aún sin dejar de ocupar el cargo de vicepresidente.

Elisa Carrió, una de las principales dirigentes de la oposición, había acusado a Cobos, pocos días antes, de formar parte de una conspiración golpista contra la presidenta Fernández, junto con el ex presidente Eduardo Duhalde. El hecho produjo una situación anómala, porque por un lado Cobos se ubicó como uno de los principales referentes de la oposición al gobierno del Cristina Kirchner, pero por otro lado, en su condición de Vicepresidente, debe reemplazar a la presidenta cada vez que ésta se ausenta del país, encontrándose en condiciones de tomar en ese caso medidas contrarias a la línea política marcada por la titular del Poder Ejecutivo.

Esta última situación se produjo el 21 de septiembre de 2008, cuando Cobos, en ejercicio de la Presidencia de la Nación a causa del viaje de la presidenta a Nueva York, recibió al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, uno de los principales líderes opositores, y transmitió al Jefe de Gabinete un reclamo financiero de Macri, con el que la presidenta discrepaba.

Otro caso similar se produjo en ocasión de la sanción del proyecto de ley presentado por la presidenta Fernández, reestatizando el sistema de jubilaciones y pensiones que había privatizado el presidente Carlos Menem. El proyecto fue aprobado en ambas cámaras del Congreso y, en noviembre de 2008, al momento de ser promulgado como ley por el Poder Ejecutivo, la presidenta se encontraba realizando una gira por África del Norte, razón por la cual estaba siendo reemplazada por el vicepresidente Cobos. En esa circunstancia, el partido PRO (macrismo) le pidió a Cobos que vetara la ley de la presidenta sancionada por el Congreso.
Esta situación, que permitiría al Vicepresidente dejar sin efecto decisiones tomadas por el presidente, o tomar decisiones que el presidente desaprueba, generó un debate entre políticos, periodistas y especialistas. Algunos han sostenido que, por razones morales, el Vicepresidente debería renunciar. Otros han reflexionado que la Constitución Nacional no prohíbe que el vicepresidente realice actos opuestos al presidente, y que por lo tanto está habilitado para hacerlo.


Rescate de Aerolíneas Argentinas

El 24 de julio de 2008 la presidenta Fernández presentó un proyecto de ley de rescate de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas, por el que se aprueba el acuerdo entre el Estado Nacional y el grupo Interinvest del 17 de julio de 2008, mediante el cual el Estado argentino adquirió las acciones de esas y otras empresas relacionadas.

Aerolíneas Argentinas es la «línea de bandera» de Argentina y había sido privatizada en 1991 durante el gobierno de Carlos Menem. Desde entonces la gestión privada de la empresa fue muy deficiente. El proyecto presidencial fue aprobado por el Congreso Nacional el 3 de septiembre de 2008 como Ley 26.412.

La crisis económica mundial de 2008-2009

La crisis económica de 2008-2009, iniciada en los Estados Unidos, tuvo su primer efecto en la Argentina con el aumento exponencial del precio internacional de los granos que llevó al llamado «conflicto del campo», durante el cual las organizaciones de productores agropecuarios se opusieron a un alza de las retenciones a las exportaciones, consiguiendo finalmente que el Congreso anulara las medidas adoptadas por el gobierno en la Resolución 125/2008.

El 23 de septiembre, en su discurso en la 63ª Asamblea General de la ONU, la presidenta Fernández denominó a la crisis como el Efecto Jazz, aludiendo a su origen en Estados Unidos, en clara contraposición a las denominaciones que los centros económicos utilizaron para denominar a las crisis anteriores que se originaban en países emergentes, como fueron el Efecto Tequila, Efecto Caipirinha, el Efecto Arroz y el propio Efecto Tango, como se conoció la crisis argentina de 1998-2002. La presidenta cuestionó también a los «gurúes económícos» que defendíán el modelo económico estadounidense y criticaban las medidas anticrisis tomadas por los presidentes Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, para ratificar su adhesión de fondo al enfoque neodesarrollista de las mismas.Estas declaraciones fueron muy criticadas por la prensa conservadora y algunos sectores de la oposición, que las calificaron como un acto de arrogancia.

En octubre la presidenta puso en marcha un Comité de Crisis de alto nivel, para realizar un monitoreo permanente de la emergencia y recomendar medidas, integrado por el Jefe de Gabinete, el ministro de Economía, los presidentes del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores, y el titular de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos).

A partir del 26 de noviembre, la presidenta Fernández anunció en diversas etapas un plan anticrisis compuesto por las siguientes acciones:
• Creación de un Ministerio de Producción.
• Paquete anticrisis integrado por tres herramientas:
o moratoria tributaria y reducción de retenciones para el agro;
o blanqueo, promoción y sostenimiento del trabajo registrado para las pymes;
o blanqueo y repatriación de capitales.
• Créditos públicos de fomento a la producción y al consumo, con una asignación de 13.200 millones de pesos (4.400 millones de dólares), asignados a través de la banca privada, a bajo interés. Los fondos se asignaron con el siguiente detalle: heladeras y otros bienes del hogar (3500 millones de pesos), automóviles (3000 millones de pesos), pequeñas y medianas empresas (3000 millones de pesos), campo (1700 millones de pesos), industria (1250 millones de pesos), camiones (650 millones de pesos). En un segundo anuncio se asignaron créditos al turismo sin interés (330 millones de pesos) y de bienes de consumo (200 millones de pesos).
• Plan de obra pública, por 21.000 millones de dólares, con el fin de impulsar el resto de la economía y duplicar los puestos de trabajo en el sector, creando unos 360.000 empleos.

El plan fue apoyado por las dos centrales sindicales (CGT y CTA), la Unión Industrial Argentina que agrupa a los empresarios industriales, y CONINAGRO, que agrupa a las cooperativas rurales. Fue criticada por la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Federación Agraria Argentina (FAA), ambas asociaciones que agrupan a los propietarios y productores rurales.

Por su parte, en octubre de 2008, el Fondo Monetario Internacional anunció que decidió no incluir a la Argentina en el Plan Anticrisis del organismo, «por sus antecedentes negativos», haciendo referencia a la catástrofe económico-social padecida durante la crisis de 1998-2002, cuando la economía del país era dirigida de acuerdo a las pautas del Fondo.

Reestatización de la fábrica de aviones de Córdoba

Fábrica Militar de Aviones

El 17 de marzo de 2009 el Poder Ejecutivo Nacional presentó un proyecto de reestatización de la ex Fábrica Militar de Aviones (FMA), empresa pionera en América Latina, creada en 1927 durante el gobierno radical de Marcelo T. de Alvear y privatizada en 1995 durante el mandato del presidente Carlos Menem y entregada bajo concesión a la empresa estadounidense Lockheed Martin. Luego de su privatización la empresa fue conocida como Área Material Córdoba. La nacionalización se realizó en el ámbito del Ministerio de Defensa a cargo de la ministra Nilda Garré.

El 21 de mayo de 2009 la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a la ley aprobando la nacionalización, por 152 votos a favor, uno en contra y 21 abstenciones.




En 2009, el Poder Judicial anunció el envío a juicio oral de varias causas de crímenes de lesa humanidad. Entre ellas se fijó fecha para el 10 de octubre, en el Tribunal Oral Federal Nº 5, para dos de los diez tramos de la megacausa ESMA, correspondientes a la desaparición de las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon y del periodista Rodolfo Walsh, donde serán enjuiciados Astiz, Acosta, Rolón, Pernías, entre otros represores.


Televisación del fútbol

El 11 de agosto de 2009, luego de que la Asociación del Fútbol Argentino rompiera su contrato de televisación con la empresa TyC Spots, el gobierno nacional le ofreció la adquisición de los derechos ofreciendo 600 millones de pesos (el contrato anterior con TyC era de 268 millones de pesos). La principal condición sería la transmisión de todos los partidos en directo.
Y que el excedente de ganancia por la comercialización se destine al deporte amateur.

Nueva ley de medios audiovisuales


Artículo principal: Ley de Radiodifusión (Argentina)
En 2007 Cristina Kirchner prometió en su plataforma electoral presentar un proyecto de ley de radiodifusión que reemplazara la sancionada por la dictadura militar en 1980. El punto había sido incluído también en la plataforma electoral de Néstor Kirchner, pero finalmente no fue realizado durante su mandato.

El 18 de marzo de 2009 la Presidenta Fernández hizo público su proyecto de Ley de Radiodifusión en el Teatro Argentino de La Plata, tomando como base los 21 Puntos consensuados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Algunos partidos políticos de oposición solicitaron que el proyecto no fuera presentado al Congreso Nacional antes de las elecciones parlamentarias del 28 de junio.

El 27 de agosto de 2009 el proyecto fue presentado en la Cámara de Diputados y fue aprobado (media sanción) el 15 de septiembre. Finalmente el proyecto fue transformado en ley por la Cámara de Senadores en sesión del 9 de octubre, como Ley Nº 26.522.

El proyecto contó con el apoyo unánime de los diputados del oficialismo (Bloque Frente para la Victoria-Partido Justicialista), y de varios partidos de la oposición, como el Partido Socialista, el Proyecto Sur, Encuentro Popular y Social (sabatellismo), Solidaridad e Igualdad (SI), Partido Nuevo Contra la Corrupción (juecismo), Partido de la Concertación FORJA, entre otros. El proyecto recibió también el rechazo de varios partidos de la oposición, como la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, Propuesta Republicana (macrismo) y el peronismo disidente (duhaldismo, felipismo, De Narváez, etc), entre otros.

El proyecto fue apoyado también por las dos centrales sindicales (CGT y CTA), así como por los sindicatos de los trabajadores de los medios de comunicación audiovisuales. El proyecto también contó con el apoyo del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, de organizaciones de derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Abuelas de Plaza de Mayo, y de la Federación Universitaria Argentina.

El proyecto también contó con el apoyo de organizaciones internacionales como la que expresó Frank La Rue, Relator de Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC), la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes Región Cono Sur (OCLAE), entre otras.
En sentido contrario el proyecto fue rechazado por las cadenas de medios de comunicación más grandes del país, como el multimedio Clarín y el Grupo Uno. También expresó su rechazo al proyecto la Asociación de Empresas Periodísticas (ADEPA).

El proyecto establece que las frecuencias de radio y televisión son un bien público y que deben ser entregadas a quienes pretendan utilizarlas, mediante concurso público por plazos de 10 años, prorrogables por otros 10. Las frecuencias se dividen en partes iguales entre tres tipos de medios de comunicación:
• Medios comunitarios (organizaciones sin fines de lucro)
• Empresas privadas con fines de lucro
• Medios públicos (estado nacional, provincias, municipios y universidades públicas)
La ley establece límites estrictos para impedir la concentración monopólica y oligopólica de medios, poniendo un tope de 10 licencias (el vigente es 24) y prohibiendo también el acceso de las empresas telefónicas; ésta última restricción es una medida solicitada por los partidos de oposición. Se obliga a los propietarios y directivos de medios a respetar la libertad de expresión y el pluralismo. Se establecen garantías para los usuarios y normas especiales de protección y fomento de medios de comunicación bajo dirección de los pueblos originarios.

Regula con detalle la formación de redes de medios y establece límites precisos de producción y contenidos locales y provinciales, para evitar que los medios se conviertan en meras repetidoras de medios ubicados en la Capital Federal u otros países y fortalecer la existencia de medios y profesionales locales. Dispone una difusión mínima de un 70% de producción nacional, 30% de música nacional y un 50% de música grabada por productoras independientes, así como regulaciones para la extensión y forma en que debe difundirse la propaganda comercial (límites de tiempo y obligación de tanda). Cada canal de televisión deberá estrenar un mínimo de 6 películas nacionales por año.

Se crea la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), que reemplazará a COMFER y que se organizará como organismo autárquico dentro del ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. En el proyecto original la AFSCA era dirigida por un directorio de 5 funcionarios: tres por el Poder Ejecutivo Nacional y dos por la segunda y tercera minorías parlamentarias.

La composición de la AFSCA se modificó en el debate parlamentario, quedando integrado por 7 miembros: dos por el Poder Ejecutivo, tres por el Congreso (uno para cada una de las tres primeras minorías) y dos elegidos por el Consejo Federal (uno de los cuales debe ser representar a una universidad nacional). La AFSCA tendrá también un Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, de caracter consultivo, integrado por las provincias, universidades y organizaciones sociales. La AFSCA será controlada por una Comisión Parlamentaria Bicameral.

Se crea también al Defensor del Público y varios registros públicos con el fin de trasparentar la información (Accionistas, Licencias y autorizaciones, Señales y productoras, Agencias de publicidad y productoras publicitarias).


Imagen del gobierno y la oposición

El «paro del campo» de 2008 y la derogación del sistema de retenciones móviles por el Congreso, significó una importante caída de la imagen de Cristina Fernández, sobre todo entre los sectores medios y altos. Debido a ello, algunos medios de comunicación y políticos opositores sostuvieron al finalizar el conflicto del campo, que el kirchnerismo era «un cadáver político al que solamente faltaba ponerle fecha de entierro».

Pasados unos meses y ya iniciada la crisis económica mundial de 2008, también la oposición había alcanzado altas tasas de imagen negativa, aunque ciertas figuras opositoras como el vicepresidente Julio Cobos superaban largamente en popularidad tanto a la presidenta como a Néstor Kirchner.

A pesar de la caída de su imagen positiva, a fines de noviembre de 2008 era la candidata preferida por los argentinos —según una encuesta realizada por Canal 26 en su página web— en la cual figura con el 32.43% de las preferencias, seguida por Elisa Carrió con 23.67% y Mauricio Macri con el 23.39%.

Sin embargo, en febrero de 2009, la imagen negativa de la presidenta creció del 39% al 41%, mientras que la imagen positiva se mantuvo sin cambios en un 29%. La evolución se produjo en el contexto de la fuerte recesión global, lo que acarrea un enfriamiento de la actividad económica; el crecimiento de los reclamos de transparencia en el manejo del INDEC; el inicio de la epidemia de dengue; la creciente inseguridad; los cuestionamientos a algunos de los funcionarios más controvertidos del gobierno como el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y el secretario de Comercio Guillermo Moreno; etc. Los sectores donde se registró mayor apoyo a la presidenta fueron los mayores de 30 años y los de menor nivel educativo.

Geográficamente, el sector donde se registra la mayor tasa de imagen positiva es el conurbano bonaerense, donde predomina la actividad industrial, con un 38%, en tanto que la más baja se registró en la región agrícola pampeana, con un 20% de imagen positiva. La encuesta fue realizada telefónicamente sobre una muestra de 1.000 casos, entre el 3 y el 12 de febrero de 2009.

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