17 de noviembre de 2009

El Gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989)




Raúl Alfonsín, presidente durante el período 1983-1989.
El 30 de octubre de 1983 se realizaron las elecciones para elegir a las autoridades democráticas. Raúl Alfonsín, candidato por la Unión Cívica Radical resultó elegido con el 52% de los votos, superando al Partido Justicialista (peronismo) que obtuvo el 40%. En el Parlamento el radicalismo obtuvo la mayoría en la Cámara de Diputados pero el peronismo obtuvo mayoría en la Cámara de Senadores. El 10 de diciembre de 1983 asumió el nuevo gobierno democrático.

Derechos humanos, transición a la democracia y sublevaciones militares.

El gobierno de Raúl Alfonsín debió enfrentar el problema de la transición a la democracia en un país con una larga tradición de gobiernos militares que había llegado a la tragedia del terrorismo de estado y la guerra.

El 15 de diciembre de 1983 sanciona los decretos 157 y 158. Por el primero se ordenaba enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros; por el segundo se ordenaba procesar a las tres juntas militares que dirigieron el país desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976 hasta la Guerra de las Malvinas. El mismo día creó una Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas CONADEP, integrada por personalidades independientes (Ernesto Sábato, Magdalena Ruiz Guiñazú, Graciela Fernández Meijide, entre otros) con la misión de relevar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones de derechos humanos, para fundar el juicio a las juntas militares.

En septiembre de 1984 la CONADEP produce su famoso informe titulado “Nunca Más”. El 4 de octubre de 1984 la Cámara Federal (tribunal civil) toma la decisión de desplazar al tribunal militar que estaba enjuiciando a las juntas para hacerse cargo directamente al mismo. Los fiscales fueron Julio César Strassera y Luis Gabriel Moreno Ocampo. El juicio se realizó entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985. Se trataron 281 casos.
El 9 de diciembre se dicta la sentencia condenando a Jorge R. Videla y Eduardo Massera a reclusión perpetua, a Roberto Viola a 17 años de prisión, a Armando Lambruschini a 8 años de prisión y a Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión. Por las características que tuvo, la condena a las juntas militares realizada por un gobierno democrático constituye un hecho sin precedentes en el mundo, que contrastó fuertemente con las transiciones negociadas que tuvieron lugar en aquellos años en Uruguay, Chile, Brasil, España, Portugal y Sudáfrica
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El gobierno de Alfonsín estuvo permanentemente amenazado por sectores de las Fuerzas Armadas que se negaban a aceptar el enjuiciamiento por violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar anterior. En la Semana Santa de 1987 se produce una gran rebelión militar encabezada por jóvenes oficiales que se denominaron “carapintadas”. Al mismo tiempo que los jefes militares demostraban que no estaban dispuestos a obedecer las órdenes del presidente Alfonsín y reprimir la insurrección, millones de personas salieron a las calles para oponerse al alzamiento militar. Durante varios días el país estuvo a borde de la guerra civil. Finalmente Alfonsín, sin poder militar para frenar un golpe de estado, negocia secretamente con los líderes militares una serie de medidas para evitar que se realizaran nuevos juicios contra militares por violación de derechos humanos.

Esas medidas se concretarán en las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, no sin antes sufrir otras dos insurrecciones militares durante 1988 (18 de enero y 1 de diciembre) y un permanente estado de insubordinación de las Fuerzas Armadas. Además del copamiento del regimiento La Tablada perpetuado por ex integrantes del ERP que ahora formaban el MTD, tomaron el cuartel por la fuerza y debieron ser desalojados por el ejército argentino y fuerzas de seguridad policiales.
Obra de gobierno
Durante el gobierno de Alfonsín se restableció la autonomía universitaria quebrada en 1966, se puso en marcha el Plan Nacional de Alfabetización y el Plan Alimentario Nacional (PAN) y se sancionaron las leyes de patria potestad compartida (1985) y de divorcio vincular (1987). En 1987 el Congreso sanciona una ley de traslado de la Capital Federal a Viedma - Cármen de Patagones, como parte de un proyecto para cambiar el eje político-económico centralista que caracteriza a la Argentina, que terminó fracasando.


En el plano internacional se destaca:
el protagonismo argentino en el impulso al Grupo Contadora para unificar la posición de los deudores frente a los acreedores para el tratamiento de la deuda externa;
• los acuerdos con el gobierno democrático de Brasil que concluirán posteriormente en la formación del Mercosur (1991);
• la política exterior de apoyo a los procesos de paz en Latinoamérica y ayuda a los gobiernos democráticos para consolidar el proceso de transición a la democracia en la región;
• La firma del Tratado de Paz y Amistad con Chile (1985), que puso fin a una disputa de límites con aquel país, con el cual Argentina estuvo a punto de ir a una guerra en 1978.
• La presidencia de la 43º Asamblea General de las Naciones Unidas (1989, Dante Caputo).
En el área económica Alfonsín asume su gobierno en momentos en que se producía la gran crisis mundial de la deuda externa. Durante el gobierno militar la deuda externa había crecido de 7.000 millones de dólares en 1976, a 66.000 millones de dólares en 1983. Adicionalmente, gran parte del aparato productivo, sobre todo en el sector industrial, había quebrado. Ante esta situación, Alfonsín decidió aplicar en 1985 un plan económico, el Plan Austral, que él mismo calificó como "economía de guerra".


El Plan Austral logró durante un tiempo contener la inflación, pero no pudo resolver los problemas estructurales que mostraba la economía argentina en aquellos años. El congelamiento de los salarios, la decisión inicial de Alfonsín de atacar a los sindicatos, la persistencia de la ley sindical fascista de la dictadura, la identificación de los sindicatos con la oposición peronista, llevó a una larga pulseada entre el gobierno radical y la CGT que se expresó en 13 huelgas generales. Finalmente, el gobierno radical termina negociando con los sindicatos y sancionando con unanimidad una nueva Ley Sindical.

Los graves problemas económicos se expresaron en una tasa de inflación de 343% para el año 1988 y el estallido de un proceso hiperinflacionario a partir de febrero de 1989 superior al 3000% anual, que hizo aumentar la pobreza hasta alcanzar un record histórico hasta entonces: 47,3% (octubre de 1989, Gran Buenos Aires).

En esas condiciones se realizan las elecciones presidenciales del 14 de mayo de 1989, triunfando el candidato opositor, el peronista Carlos Menem, con un 51% de los votos. La magnitud del caos económico-social obligó a Alfonsín a anticipar el traslado del mando, renunciando el 8 de julio.

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